Un jurado de Manhattan falló en contra del republicano por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, un crimen, que de acuerdo con la ley del estado de Nueva York, conlleva una sanción que va desde libertad condicional hasta cuatro años tras las rejas.
Pero el magnate neoyorquino no es cualquier acusado. Si bien gran parte de los expertos piensan que una condena de prisión es poco probable, el juez que encabeza el caso, Juan Merchán, ha probado que se toma en serio los delitos de cuello blanco, fijando una sentencia para el próximo 11 de julio.
Si Merchán impone una pena que lleve a Trump a prisión (lo que se conoce como sentencia privativa de libertad) el exmandatario no sería un recluso común y corriente.
Esto se debe a una ley que exige que el Servicio Secreto de Estados Unidos protege a los expresidentes las 24 horas del día, lo que se traduciría que sus agentes tendrían que proteger al candidato republicano dentro una cárcel si fuera dictaminada su sentencia tras las rejas.
Inclusive antes de las declaraciones principales del juicio, el Servicio Secreto estaba en cierta medida planeado la posibilidad del encarcelamiento de un exejecutivo estadounidense.
