Caracas.- Al menos 2.229 personas han sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas desatadas tras las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto, según un balance ofrecido este martes por el líder chavista, quien llamó «terroristas» a los arrestados.
En un acto televisado, el mandatario adelantó que las autoridades trasladarán a los detenidos a las cárceles de Tocorón y Tocuyito, vaciadas en septiembre y octubre del año pasado, respectivamente, y acondicionadas -según Maduro- para recluir a «todas las bandas de nueva generación que están metidas en las guarimbas (protestas violentas)».
Señaló que los detenidos «atacaron» y «asesinaron» personas -sin precisar la cifra- y «quemaron» hospitales, escuelas, liceos y universidades, así como módulos policiales, alcaldías y sedes del partido gobernante PSUV, entre otras acciones, de las que responsabilizó al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y a la líder antichavista María Corina Machado.
Según el Gobierno, al menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron heridos, mientras que dos militares fallecieron.
A estas dos víctimas mortales se suman, de acuerdo con la ONG Provea, 24 civiles muertos, algunos de ellos «asesinados» por efectivos de la fuerza pública o grupos irregulares armados, una aseveración que no ha sido confirmada ni comentada por las autoridades.
La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que el ganador de los comicios fue González Urrutia, y se basa en el «83,5 %» de las actas que asegura haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de mesa.
Machado y González Urrutia pidieron el lunes a los militares y policías impedir lo que consideran un «golpe de Estado» dado por Maduro, quien -según manifestaron- quiere hacer a los efectivos «cómplices» de esta operación, y «hacer respetar los resultados», lo que fue rechazado este martes por la FANB y los cuerpos de seguridad, que consideraron estos llamados como «sediciosos planteamientos».
