La responsabilidad de la carrera periodística debe llevarse con la información veraz, digna y respetuosa, protegiendo a los afectados de los sucesos y acciones delictivas, enmascarados por la venta a cambio de desinformación mediatizada de sectores delincuenciales, que afectan los intereses de una ciudadanía que no tiene voz para defenderse.
Es inadmisible silenciar los procesos criminales de tráfico de drogas en nuestro territorio, soslayados por grupos de comunicaciones de espaldas a la familia dominicana, irrespetando su seguridad, ocultando procesos de extradiciones y negocios anti patrióticos, que se realizan a través de nuestra frontera.
Políticos y funcionarios ligados al narcotráfico han traicionado la defensa de la soberanía nacional y no han sido señalados con el deber innegociable de una prensa a favor de la preservación de nuestra seguridad nacional. Desde diferentes estamentos de la República y gobiernos foráneos, crece el descrédito en perjuicio de la imagen que debemos preservar, de un Estado que debe caminar en dirección a la institucionalidad y legalidad de sus procesos en la administración pública.
Reflexionemos profundamente en la respuesta deficiente que han adoptado un gran número de comunicadores del periodismo local, violando así los preceptos que deben regir la función de credibilidad en esta profesión, para preservar los derechos fundamentales de los individuos en un país que se respete.
Dos narrativas se enfrentan en la información que debe manejar la sociedad dominicana que es de todos conocidas, una solventada por el gobierno, y las redes sociales que tenemos que defender para equilibrar nuestra institucionalidad. La credibilidad del cuarto poder es vital en la democracia.
