La práctica del sicariato es un doble crimen. El sicario es contratado por un igual o mayor criminal; por tal motivo, los crímenes quedan impunes en la proporción en que no se aprese al asesino intelectual. Las autoridades demuestran su ineptitud o “complicidad” en la medida en que no dan con los autores encubiertos que, en la mayoría de los casos, se ocultan tras la sombra del poder. Este binomio del crimen degenerado se hace más peligroso tomando en cuenta la fragilidad del sistema penitenciario, que también sirve de base al sicariato.
Esta práctica criminal se hace más letal una vez penetra los estamentos del poder, del gobierno e instituciones armadas. El sicariato es el brazo de eliminación de pruebas en los procesos judiciales que se instrumentan y los jueces también son víctimas de la intimidación de sus vidas y las de su familia. La proclividad conspirativa de las autoridades en hechos delictivos estimula el sicariato. La tranquilidad se nos esfuma, la complicidad de las autoridades nos da impotencia y nos hacemos presos del hogar. Todo es dinero a cualquier costo.
La desprotección nos cobija, los guardaespaldas se exhiben con orgullo, la democracia es buena para los de arriba y para los que denuncian, disienten, acusan y tienen “dos bolas”, son más vulnerables frente al sicariato. A pesar de este costo que se paga hasta con la vida, hay que seguir luchando por las reivindicaciones de “la libre expresión del pensamiento” y la responsabilidad de enfrentar el crimen para beneficio de las nuevas generaciones, como legado ineludible de nuestro compromiso social.
