Por: Pronesm Publicitaria
San Francisco de Macorís, El abogado y analista legal Luis Miguel Mercedes advirtió el viernes 9 de mayo, que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos no otorga facultad legal a los ayuntamientos para multar a propietarios por alquilar a personas en condición migratoria irregular.
Durante su participación en el programa El Toque del Mediodía, dirigido por el comunicador Roberto Neris, Mercedes reaccionó a unas declaraciones recientes del alcalde Alex Díaz, quien sugirió la imposición de sanciones contra quienes arrienden viviendas a extranjeros sin estatus migratorio regular.
“El mandato legal no contempla sancionar a dueños de inmuebles por inquilinos ilegales”, enfatizó Mercedes, quien sustentó su afirmación citando el artículo 17 de la Ley 368-22, norma que establece los alcances de los gobiernos locales en materia de planificación urbana.
Artículo 17 – Facultades de los gobiernos locales:
“Corresponde a los gobiernos locales establecer normas y regulaciones para el uso de suelo en el ámbito de su territorio, aprobar reglamentos de ordenamiento urbano y territorial, otorgar permisos de uso del suelo y construcción, y adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar colectivo.”
Mercedes explicó que dicha ley permite a los ayuntamientos regular el tipo de edificaciones o actividades permitidas en distintas zonas del municipio, como exigir parqueos, impedir la construcción de discotecas en zonas residenciales o controlar el hacinamiento. Sin embargo, no faculta sanciones basadas en la situación migratoria de los ocupantes.
“Si una persona vive en condiciones irregulares pero no causa perjuicio a la comunidad, el ayuntamiento no puede sancionar por eso. La ley debe ser clara, y en este caso, no lo es”, subrayó.
El jurista también advirtió que cualquier sanción impuesta sin una base legal específica puede comprometer la responsabilidad del alcalde y del cabildo conforme al Código Penal, ya que se estarían aplicando medidas arbitrarias.
Mercedes concluyó recomendando al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y a su equipo legal revisar cuidadosamente el alcance real de la normativa antes de implementar medidas que podrían considerarse inconstitucionales o violatorias de derechos fundamentales.
Redacción ( Madelin Taveras)
