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San Francisco de Macorís — El jurista Luis Mercedes advirtió este jueves que los señalamientos públicos realizados sin pruebas suficientes pueden conllevar sanciones penales bajo la ley dominicana, especialmente cuando se trata de acusaciones difundidas por plataformas digitales como YouTube.
Durante su participación en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, Mercedes analizó el caso del youtuber y autodenominado “detective” Ángel Martínez, detenido recientemente en Puerto Plata tras enfrentar múltiples querellas por difamación e injuria.
“Si una persona emite comentarios fuertes y no puede demostrar que son ciertos, se expone a sanciones establecidas por la ley 5307, que contempla penas de tres meses a un año de prisión”, explicó Mercedes. Añadió que la veracidad del contenido difundido es clave para evitar una condena.
El abogado señaló que el proceso contra Martínez está amparado en la legislación sobre crímenes y delitos de alta tecnología, debido a que las alegadas difamaciones fueron realizadas a través de redes sociales desde el extranjero.
Mercedes también cuestionó la medida de coerción impuesta al acusado, que incluye impedimento de salida del país, pese a no tener residencia formal en República Dominicana. “Una persona que vive en el exterior y no tiene vínculos establecidos aquí podría ver vulnerado su derecho de defensa con una medida como esa”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que el tribunal debió ser más cauteloso al imponer restricciones que podrían comprometer la dignidad y estabilidad del acusado mientras se ventila el proceso judicial.
El jurista recordó que la difamación e injuria son delitos de acción privada según el Código Procesal Penal, por lo que no procede la prisión preventiva.
“La propia ley establece que este tipo de proceso debe sustentarse en pruebas concretas y respetar el principio de presunción de inocencia”, añadió.
Ángel Martínez, quien reside en el estado de Florida, ha sido señalado en varias ocasiones por sus declaraciones contra figuras públicas dominicanas. Aunque algunos querellantes han desistido de los procesos tras acuerdos conciliatorios, otros casos continúan activos en los tribunales.
Redacción: Madelin Taveras
