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San Francisco de Macorís, El abogado Luis Miguel Mercedes ofreció el viernes 6 de junio una detallada orientación sobre los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos durante el operativo de regularización de armas de fuego convocado por la gobernadora de la provincia Duarte, Xiomara Cortés, los días 12 y 13 de junio.
Durante su participación en el segmento «El Toque del Mediodía», Mercedes valoró como positiva la iniciativa, al considerar que permitirá a muchos propietarios de armas vencidas o en estado irregular ponerse al día sin necesidad de trasladarse a Santo Domingo o Santiago, lo que representa un ahorro de tiempo y recursos.
“Este operativo va a favorecer a quienes tienen hasta 10 años sin renovar sus permisos, porque se habla incluso de una posible gracia estatal para anular parte de los años acumulados”, explicó Mercedes, al destacar que el proceso abarcará desde la evaluación balística hasta el examen psiquiátrico.
El jurista enumeró los requisitos necesarios para completar la renovación o regularización, entre ellos: portar la licencia vencida, llevar una copia de la cédula y del pasaporte si se trata de un extranjero, presentar una certificación de no antecedentes penales, someterse a una prueba de dopaje y un examen psiquiátrico autorizado por el Ministerio de Interior y Policía.
Además, indicó que la certificación de balística cuesta RD$3,267, la renovación de tenencia RD$5,045 y el carnet combinado de porte y tenencia oscila entre RD$800 y RD$5,000, sumando otros gastos como el dopaje (RD$800), la evaluación psiquiátrica (alrededor de RD$2,500) y la certificación de no antecedentes (RD$600).
Mercedes subrayó que tener un arma con licencia vencida puede implicar consecuencias legales, ya que “aunque no es delito penal, algunos pueblos judicializan estos casos como si se tratara de armas ilegales, lo que puede conllevar arrestos, procesos y hasta incautación del arma”.
El abogado instó a los ciudadanos a reunir la documentación requerida con tiempo y aprovechar la oportunidad, que según dijo, podría evitar “complicaciones judiciales innecesarias” y ayudar a miles de personas a regularizar su situación.
Redacción: Madelin Taveras
