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San Francisco de Macorís- El jurista Luis Miguel Mercedes calificó como “populismo penal” la solicitud de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público contra los imputados por la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set, donde más de 235 personas perdieron la vida y al menos 185 resultaron lesionadas.
Durante su intervención en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, Mercedes explicó que la investigación del Ministerio Público, que se extendió por más de dos meses, concluyó que el hecho se tipifica como homicidio involuntario, delito que contempla penas de entre tres meses y dos años de prisión.
“No tiene sentido jurídico pedir 18 meses de prisión preventiva cuando el tipo penal imputado apenas alcanza una pena máxima de dos años. Eso es simplemente enviar un mensaje a la sociedad para satisfacer la presión pública”, afirmó.
Mercedes señaló una contradicción en la actuación del Ministerio Público al solicitar diferentes medidas de coerción para los dos imputados principales, ambos hermanos, pese a estar acusados bajo los mismos cargos. El tribunal, en cambio, rechazó la prisión preventiva y ordenó medidas menos severas: garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
El jurista reconoció que la decisión ha generado descontento en sectores de la sociedad, pero enfatizó que “la justicia no puede actuar movida por la indignación colectiva. La función de un juez es aplicar la ley.
En cuanto a la garantía económica impuesta, Mercedes aclaró que no se trató de un pago en efectivo de 50 millones de pesos, como se ha comentado en redes sociales. Indicó que se utilizó una fianza judicial, un mecanismo que implica una prima pagada a una aseguradora, y que en este caso el desembolso pudo rondar entre 2.5 y 3.5 millones de pesos.
A pesar de considerar que esa suma es baja frente a la magnitud del hecho, Mercedes recordó que las medidas de coerción no tienen carácter punitivo, sino que su finalidad es garantizar la presencia del imputado durante el proceso. Añadió que, hasta ahora, los imputados han respondido a los llamados del Ministerio Público y no presentan riesgo de fuga.
“El órgano investigador tiene su rol, pero el poder judicial es quien finalmente decide. Son funciones distintas que no deben confundirse”, apuntó.
Finalmente, Mercedes señaló que parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, como supuestas conversaciones entre los imputados y testigos, deben ser verificadas con rigor técnico durante la etapa de investigación. “El proceso apenas comienza y las versiones encontradas entre fiscalía y defensa favorecen, de momento, al imputado, según establece la ley”, concluyó.
Redacción: Madelin Taveras
