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San Francisco de Macorís – El jurista Luis Miguel Mercedes analizó en el programa El Toque del Mediodía las implicaciones legales del caso que enfrenta el detective y comunicador Ángel Martínez, quien ha declarado públicamente que es víctima de una persecución judicial y se considera un “preso político”.
Mercedes aclaró que, si bien Martínez alega que su detención es de carácter político, las acciones legales en su contra responden a querellas por presunta difamación e injuria presentadas por al menos 18 personas, afectadas por sus declaraciones a través de medios digitales. El abogado precisó que este tipo de acusaciones, cuando se realizan mediante redes sociales o plataformas tecnológicas, están amparadas en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
“La diferencia está en que esta ley permite la intervención del Ministerio Público debido al impacto colectivo de la difamación en medios digitales, lo que convierte el proceso en una acción pública y no solo entre partes”, explicó el jurista.
Mercedes también señaló que la Ley 53-07 establece sanciones de hasta un año de prisión, lo que habilita legalmente a los tribunales a imponer medidas de coerción, como impedimentos de salida del país, tal como ha ocurrido con Martínez en distintas jurisdicciones.
En cuanto a las elevadas demandas económicas, que en algunos casos superan los 50 millones de pesos, Mercedes indicó que, aunque legalmente se pueden solicitar indemnizaciones de cualquier monto, en la práctica los tribunales suelen moderarlas según el daño probado y los precedentes jurisprudenciales.
“Una persona puede reclamar lo que entienda justo, pero eso no significa que un tribunal lo concederá en ese mismo monto. Hay criterios legales para establecer la cuantía de una indemnización”, explicó.
Redacción: Madelin Taveras
