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San Francisco de Macorís— La defensora de derechos humanos Rebeca Henríquez denunció la presunta operación de una red de trata y comercialización de menores en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, en la que estaría implicado un empresario local captado en video mientras ofrecía dinero a cambio de una niña.
Durante una entrevista en el programa El Toque del Mediodía TV, Henríquez explicó que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público luego de que circulara en redes sociales un video donde el acusado presuntamente ofrece entre RD$15,000 y RD$20,000 por una menor de entre 8 y 10 años.
“Este caso nos llegó a través de un comunicador. Muchas veces estas denuncias quedan en el aire porque involucran personas con poder, pero esto no puede quedar impune”, declaró Henríquez.
La denunciante indicó que el video fue grabado por una joven que, según su testimonio, fingió colaborar con el señalado para obtener pruebas. Inicialmente accedió a declarar ante las autoridades, pero posteriormente expresó temor por su vida y se negó a continuar el proceso.
“Ella nos dijo que no fue quien publicó el video, sino que una amiga lo compartió en su estado de WhatsApp y desde ahí se viralizó. Cuando intentamos brindarle acompañamiento legal, dijo que temía represalias”, sostuvo Henríquez.
La activista agregó que, de acuerdo con la testigo, el acusado habría incurrido en hechos similares anteriormente, pagando supuestamente RD$15,000 por otra menor de 12 años que le habría sido entregada por un familiar.
Henríquez afirmó que ya se han establecido coordinaciones con la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, la unidad de violencia de género de Santiago y el general Reynoso Jiménez, quienes habrían iniciado las investigaciones correspondientes.
El señalado, cuyo nombre no fue revelado por motivos legales, habría intentado justificar su actuación alegando consumo de sustancias controladas, argumento que Henríquez desestimó.
“Esto no es producto de una sustancia. Estamos frente a un patrón criminal. Esta persona utiliza intermediarios y paga para que le busquen menores de edad. Esto constituye un grave delito y debe ser castigado”, afirmó.
La defensora de derechos humanos pidió que se emita una orden de arresto contra el implicado y advirtió que no permitirá que el caso sea desestimado.
“En nuestro país a veces se alega que no hubo delito porque no se consumó, pero la ley establece que la sola intención también es punible en materia de trata y explotación de menores”, puntualizó.
Las investigaciones continúan abiertas y se espera que el Ministerio Público ofrezca más detalles en las próximas horas.
Redacción: Madelin Taveras
