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San Francisco de Macorís. — El jurista Luis Miguel Mercedes cuestionó el viernes 14 de noviembre, la falta de respuestas institucionales ante las constantes denuncias de ciudadanos que aseguran recibir facturas eléctricas con aumentos desproporcionados e injustificados. Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en El Toque del Mediodía, programa conducido por el comunicador Roberto Neris.
Mercedes afirmó que las quejas por facturación excesiva no son casos aislados, sino un problema generalizado que ha generado indignación pública, citando ejemplos de figuras como Cheddy García y Vakero, quienes han manifestado su frustración en redes sociales. “Nadie explica por qué las facturas llegan tan elevadas”, insistió.
El jurista recordó que recientemente residentes del sector 24 de Abril, en el Distrito Nacional, protestaron llevando sus contadores a la sede de la empresa distribuidora, alegando que sus facturas se habían triplicado o cuadruplicado pese a no haber variado su consumo. “La gente solo pide pagar lo que realmente consume”, expresó.
Mercedes explicó que, ante un aumento irregular, los usuarios están obligados a reclamar primero en las EDES, pero aseguró que “casi siempre las respuestas son rechazadas sin ofrecer razones técnicas”. Añadió que las denuncias que llegan a Pro Consumidor (Protecom) y a la Superintendencia de Electricidad también terminan sin solución.
“El procedimiento es claro: usted hace su reclamación, le toman la denuncia y aun así lo obligan a pagar el monto inflado para evitar el corte del servicio. A los pocos días, la queja es rechazada. Es un patrón que se repite”, señaló.
El abogado sostuvo que instituciones llamadas a defender al ciudadano como la Superintendencia de Electricidad, Pro Consumidor, el Defensor del Pueblo y los congresistas han guardado silencio frente a una situación que afecta a miles de hogares y comercios. “¿Dónde están los diputados y senadores? ¿Dónde está la respuesta del Estado?”, cuestionó.
Mercedes relató que incluso su oficina legal fue víctima de una facturación desproporcionada, recibiendo dos cargos que sumaban RD$85,000 pese a mantener el mismo nivel de consumo. Tras reclamar en Edenorte y en Protecom, el caso fue finalmente anulado, aunque nunca se explicó el motivo. “Si ellos cometen un error, simplemente lo corrigen sin consecuencias; pero si el ciudadano protesta, es pasible de sanciones y hasta de persecución penal”, advirtió.
Redacción: Madelin Taveras
