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San Francisco de Macorís. — El licenciado Luis Miguel Mercedes cuestionó el viernes 28 de noviembre cómo Wilkin García, conocido públicamente como Mantequilla, ha logrado relanzar un nuevo modelo de captación de fondos denominado “Dinero 3.0”, pese a su historial de estafa y a la condena previamente cumplida por la operación de esquemas piramidales.
Durante una entrevista en El Toque del Mediodía, conducida por Roberto Neris, el jurista señaló que el relanzamiento del modelo financiero, similar al que llevó a García a los tribunales, pone en entredicho la capacidad de supervisión estatal y la efectividad del seguimiento judicial a personas con antecedentes por delitos económicos.
“Resulta preocupante que, tras haber sido condenado por estafa, él pueda retomar una estructura prácticamente idéntica. Esto refleja debilidades institucionales claras”, afirmó Mercedes. Agregó que, aunque García cumplió una pena considerada “ligera” bajo el marco normativo actual, su reaparición en actividades de inversión informal evidencia que “no hubo una reinserción efectiva ni un proceso de supervisión riguroso”.
El experto advirtió que el nuevo esquema identificado como “Dinero 3.0” surge en un contexto donde varias personas ya han presentado denuncias ante el Ministerio Público alegando haber sido víctimas de estafa nuevamente. Según explicó, la reincidencia de García revela un patrón sostenido y un riesgo significativo para ciudadanos vulnerables.
Mercedes subrayó que el fenómeno no solo expone fallas institucionales, sino también elementos de carácter social y educativo. “Seguimos viendo cómo sectores de la población caen en estos modelos porque existe una deficiencia en educación financiera y un nivel de vulnerabilidad que personas con habilidades de persuasión aprovechan”, dijo.
Posibles consecuencias legales más severas
El jurista recordó que, aunque García fue condenado anteriormente por estafa, sus acciones actuales podrían derivar en imputaciones más severas. Destacó que, de comprobarse manejo ilícito de fondos, podrían activarse disposiciones de la Ley de Lavado de Activos, que contempla penas significativamente mayores.
“En un escenario de reincidencia, el Ministerio Público tiene espacio para actuar bajo marcos legales más estrictos. Este tipo de operaciones, sin transparencia y sin soporte financiero real, pueden encajar fácilmente en la tipificación de lavado”, explicó.
sobre el cumplimiento de condiciones posteriores a su condena y sobre el nivel de control institucional.
“No puede ser que alguien con un historial tan claro vuelva a operar sin que exista una vigilancia efectiva. El Estado debe evitar que se repita un episodio que afectó a cientos de personas y movió millones sin respaldo legal”, afirmó.
Redacción: Madelin Taveras
