Santo Domingo. El Estado dominicano ha recuperado aproximadamente RD$6,500 millones que habían sido desviados del patrimonio público mediante distintos actos de corrupción, informó Fernando Henríquez, coordinador general de abogados del Estado en materia de recuperación de bienes.
Henríquez detalló que RD$3,500 millones corresponden directamente al trabajo del equipo de recuperación de bienes bajo su coordinación. Otros RD$3,000 millones fueron recuperados por un equipo legal independiente en los procesos relacionados con las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), consolidando una política de recuperación que asciende en total a RD$6,500 millones.
“El parámetro ha sido que las personas devuelvan exactamente lo que se ha podido identificar que obtuvieron de manera irregular, ni un centavo más ni un centavo menos”, afirmó Henríquez, al explicar los criterios utilizados en los acuerdos judiciales.
El jurista señaló que buena parte de las recuperaciones se ha logrado mediante acuerdos judiciales, mecanismos que —según dijo— permiten acelerar la devolución de fondos, evitar litigios prolongados y desmontar estructuras complejas de corrupción. Indicó que este tipo de herramientas es de uso común en otros sistemas internacionales y se enmarca dentro de la legalidad.
Henríquez aseguró que el país atraviesa un proceso de transformación en la lucha contra la impunidad, tras décadas en las que, afirmó, no existió una persecución real contra redes de corrupción dentro del Estado. “Estamos dando los primeros pasos para marcar una diferencia y establecer consecuencias reales”, sostuvo.
En cuanto al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde el Ministerio Público investiga pagos superiores a RD$3,882 millones mediante un presunto esquema fraudulento, Henríquez informó que el Equipo de Recuperación ya se constituyó como querellante y actor civil para buscar la recuperación total del daño causado al Estado.
Aclaró que estos montos deben ser confirmados mediante auditorías de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores, por lo que las cifras podrían variar tras los peritajes finales.
Sobre los honorarios legales, Henríquez explicó que el contrato establece un pago del 15 % sobre los montos recuperados, conforme a la ley. Sin embargo, precisó que en el caso de Senasa el equipo decidió trabajar pro bono, permitiendo que el 100 % de lo recuperado sea destinado al sistema de salud.
“La misión es clara: lograr que los recursos que fueron arrebatados al Estado regresen a su propósito original, para garantizar servicios dignos a la población”, expresó.
