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San Francisco de Macorís.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, afirmó que la propuesta de castración química para personas condenadas por violación se concibe como una medida voluntaria y preventiva, orientada a reducir la reincidencia y reforzar la protección de niños, niñas y personas en condición de vulnerabilidad.
Romero ofreció las declaraciones durante una entrevista vía telefónica en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, donde explicó que la iniciativa ha sido impulsada desde hace varios años sin lograr aún su aprobación definitiva en el Congreso Nacional.
El legislador indicó que el anteproyecto, presentado originalmente entre 2016 y 2018 junto al entonces diputado Javier Rodríguez, propone un tratamiento hormonal voluntario como medida suplementaria a la condena penal, en estricto apego a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución dominicana, que garantiza el derecho a la integridad personal y prohíbe procedimientos médicos sin consentimiento.
Según explicó, el mecanismo permitiría que una persona condenada por violación pueda acogerse de manera voluntaria al tratamiento hormonal como parte de un proceso de reducción de pena, bajo supervisión del Estado, con el objetivo de disminuir el impulso sexual y reducir el riesgo de reincidencia tras su eventual reinserción social.
Romero recordó que la propuesta fue incluida en una de las versiones del Código Penal aprobadas en el Senado, pero posteriormente excluida cuando el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, en medio de debates sobre su alcance legal y constitucional.
Señaló que, tras la ocurrencia de nuevos casos de violencia sexual que han generado alarma social, distintos sectores han planteado la necesidad de retomar el debate sobre sanciones complementarias para agresores sexuales, particularmente en delitos cometidos contra menores de edad.
Aunque reiteró que la iniciativa que impulsa actualmente se limita al tratamiento hormonal voluntario, el senador expresó que, a título personal, considera que el país debe evaluar modelos más estrictos aplicados en otras jurisdicciones, siempre dentro del marco constitucional.
El legislador sostuvo que continuará promoviendo el anteproyecto en el presente período legislativo, al considerar que el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y control frente a delitos sexuales de alto impacto social.
Redacción: Madelin Taveras
