San Francisco de Macorís.– El jurista Luis Miguel Mercedes afirmó que las sociedades no pueden avanzar cuando las decisiones de las autoridades se imponen de manera arbitraria, al cuestionar las recientes medidas adoptadas contra el uso de vehículos eléctricos en este municipio.
Mercedes ofreció sus declaraciones durante su participación en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, donde sostuvo que cualquier restricción a estos medios de transporte debe estar debidamente sustentada en la Constitución y en las leyes vigentes.
El abogado citó el artículo 40.15 de la Constitución de la República, el cual establece que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, y señaló que el Estado dominicano ha promovido desde hace años el uso de vehículos que no contaminan el medio ambiente.
En ese sentido, recordó que la Ley 103-13 tiene como objetivo fomentar el uso de vehículos eléctricos y reducir los niveles de contaminación ambiental ocasionados por los combustibles fósiles, como parte de una política pública orientada a la protección del medio ambiente.
Mercedes indicó que en distintas ciudades del país, como San Francisco de Macorís, Santiago y Samaná, se ha incrementado el uso de motocicletas y bicicletas eléctricas, impulsado tanto por la aceptación social como por el respaldo normativo existente.
El jurista cuestionó que se adopten medidas de cierre, decomiso o prohibición sin una base legal clara, al advertir que la regulación del tránsito y la seguridad vial debe aplicarse mediante normas generales y no por decisiones unilaterales de una autoridad municipal.
Sostuvo que situaciones como el alquiler de estos vehículos a menores de edad, de comprobarse, deben ser sancionadas conforme a la ley, mediante multas u otras medidas administrativas, sin que ello implique restringir el derecho al libre tránsito de quienes han adquirido estos vehículos de manera legal.
Asimismo, explicó que la falta de regulación específica por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no invalida el derecho de circulación de vehículos eléctricos importados legalmente y que ya cumplen con el pago de impuestos aduanales.
Mercedes advirtió que cuando los funcionarios actúan fuera del marco constitucional y legal, pueden comprometer su responsabilidad personal. “Las sociedades no avanzan bajo la arbitrariedad”, reiteró.
Redacción: Madelin Taveras
