San Francisco de Macorís, RD. — La falta de pago por parte de las autoridades de salud provocó el cierre de una Unidad de Atención Primaria (UNAP) ubicada en el sector San Martín de esta ciudad, luego de que el propietario del inmueble decidiera clausurar el acceso al local tras denunciar una deuda de alquiler acumulada durante 21 meses.
El propietario, Rafael Hilario, de 75 años, explicó que tomó la decisión luego de que, según afirma, el Servicio Regional de Salud dejara de cumplir con los pagos correspondientes al alquiler del inmueble donde opera el centro, ubicado en la calle 6, casi esquina Bienvenido Fuertes Duarte.
Hilario sostuvo que la situación se ha vuelto insostenible para él y su familia, al tiempo que lamentó que el conflicto también esté afectando a los residentes del sector que acudían al lugar en busca de servicios médicos básicos.
“Ellos tenían tres años viviendo ahí, pagando puntualmente. De seis meses para acá es que me están exigiendo que sea proveedor del Estado. Yo no me voy a hacer proveedor por esa cosita”, expresó el propietario al referirse a la condición que ahora le exigen las autoridades para poder liberar los pagos.
De acuerdo con lo explicado, el conflicto surge a raíz de un cambio en los procedimientos administrativos, ya que anteriormente los pagos se realizaban mediante contratos trimestrales. Sin embargo, la Contraloría General de la República ahora exige que el arrendador esté registrado como Proveedor del Estado para procesar los desembolsos.
El cierre del local ha provocado que médicos y enfermeras permanezcan fuera de las instalaciones cumpliendo su horario laboral, aunque sin poder ofrecer atención formal a los pacientes que diariamente acudían al centro desde comunidades como San Martín, Capacito y sectores cercanos.
Ante la situación, el director del Servicio Regional de Salud Nordeste, Rafael Rodríguez, indicó que los recursos para el pago están garantizados, pero que la normativa vigente impide realizar el desembolso si el propietario no completa el registro como proveedor del Estado.
Rodríguez señaló que, en caso de no lograrse un acuerdo con el dueño del inmueble, las autoridades sanitarias se verían en la necesidad de buscar otro local para trasladar la Unidad de Atención Primaria y restablecer el servicio a la comunidad.
Según el propietario, la deuda también incluye un período en el que el personal de salud se trasladó temporalmente a otro espacio sin entregar las llaves del inmueble original, donde permanecieron mobiliarios y equipos del Estado.
