San Francisco de Macorís.– El jurista Luis Miguel Mercedes afirmó que la legislación penal vigente limita las consecuencias judiciales en el caso de la joven que agredió a un agente de tránsito en el Aeropuerto Internacional del Cibao, al señalar que el hecho sería castigado con una pena leve.
Durante una entrevista en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, Mercedes sostuvo que, aunque el incidente ha generado indignación en la opinión pública, el marco jurídico actual solo permite encuadrarlo como un caso de “golpes y heridas”.
“La sanción lamentablemente es mínima, de seis meses a dos años, y no se puede hablar de tortura ni de intento de homicidio”, explicó.
El jurista indicó que la agresión ocurrió luego de que la joven Darleni Lisbeth Rodríguez fuera sancionada por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), tras estacionarse de forma indebida en las inmediaciones del aeropuerto.
Según explicó, los agentes actuaban dentro de sus funciones al imponer la multa y colocar un inmovilizador al vehículo, al tiempo que recordó que la ley establece mecanismos para recurrir este tipo de sanciones sin necesidad de recurrir a la violencia.
“Si una persona entiende que la multa no procede, puede acudir ante un juez de paz en un plazo de 30 días. La vía nunca es la agresión”, sostuvo.
Mercedes también subrayó que el caso no configura lesiones permanentes, ya que —según explicó— este tipo de agravante solo aplica cuando existe mutilación o pérdida funcional de alguna parte del cuerpo, lo que no ocurrió en este hecho.
Asimismo, consideró que el caso pone en evidencia debilidades del sistema legal dominicano, al señalar que hechos de este tipo no reciben sanciones más severas bajo el Código Penal actual.
“El legislador dejó vacíos importantes. Este tipo de conducta, aunque grave, no supera los dos años de prisión con la normativa vigente”, expresó.
El abogado agregó que, con la entrada en vigor de un nuevo Código Penal prevista para los próximos meses, podrían aplicarse sanciones más estrictas mediante la acumulación de penas por distintos delitos.
No obstante, advirtió que en el contexto actual la continuidad del proceso también dependerá de la participación de la víctima, ya que este tipo de infracciones requiere su presencia activa en los tribunales.
Finalmente, reiteró que el caso debe servir como llamado de atención tanto a la ciudadanía como a las autoridades, para actuar dentro del marco legal y evitar que conflictos administrativos escalen a hechos de violencia.
Redacción: Madelin Taveras
