San Francisco de Macorís.– El jurista Luis Miguel Mercedes advirtió que el ayuntamiento local estaría incurriendo en extralimitación de funciones al clausurar establecimientos comerciales bajo el argumento de obstrucción de la vía pública, lo que —según afirmó— podría derivar en consecuencias civiles y penales para el alcalde.
Durante su participación en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, Mercedes sostuvo que ya existe una decisión judicial que prohíbe ese tipo de actuaciones, la cual —dijo— representa una sanción provisional y anticipa un posible “revés” en el fondo del proceso.
El abogado explicó que, de confirmarse la ilegalidad de las acciones, el alcalde estaría obligado a devolver los recursos cobrados de manera indebida, así como a indemnizar a las personas afectadas por los daños ocasionados, incluso con responsabilidad personal.
“Todas las personas afectadas van a intervenir, y el alcalde va a tener que desembolsar ese dinero de forma personal por los daños y perjuicios”, afirmó.
Mercedes también se refirió al caso de una mujer en la comunidad de Guiza, cuyo negocio fue cerrado presuntamente por afectar la vía pública. Indicó que, aun cuando la comerciante habría reubicado su establecimiento en un espacio alquilado, las autoridades volvieron a intervenir.
Calificó la actuación como “arbitraria” y advirtió que este tipo de medidas sientan un precedente peligroso, al considerar que ningún funcionario puede atribuirse funciones fuera del marco legal.
“Hoy es ella, pero mañana puede ser cualquier ciudadano. No se puede permitir que un alcalde cierre negocios a su discreción”, expresó.
El jurista enfatizó que, en casos de obstrucción vial, la competencia corresponde a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), entidad facultada para fiscalizar y sancionar el mal estacionamiento.
“Si hay vehículos mal parqueados, lo que procede es multarlos. Con presencia constante de agentes, se corrige el problema sin necesidad de cerrar negocios”, puntualizó.
Asimismo, consideró que las acciones ejecutadas por las autoridades municipales podrían configurar abuso de poder, lo que daría lugar a procesos penales en contra del alcalde.
En ese sentido, exhortó al incumbente municipal a asesorarse adecuadamente y actuar dentro del marco de la legalidad, recordando que, aunque algunas medidas puedan tener buenas intenciones, no deben violar las disposiciones legales.
“Hay funciones que no le corresponden al ayuntamiento. El legislador ha distribuido las competencias precisamente para evitar excesos de poder”, señaló.
Mercedes también planteó la necesidad de coordinar acciones con otros organismos y sectores, como el Colegio de Abogados, para abordar problemáticas de tránsito y ordenamiento sin vulnerar derechos.
Finalmente, reiteró que, de continuar este tipo de actuaciones, existe una alta probabilidad de que prosperen acciones judiciales contra las autoridades, incluyendo posibles sanciones penales.
Redacción: Madelin Taveras
