San Francisco de Macorís.– El jurista Luis Miguel Mercedes afirmó que el proceso judicial que involucra a la artista urbana Yailin La Más Viral presenta debilidades que podrían incidir en su desarrollo, al analizar el caso durante una entrevista en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris.
Mercedes explicó que, aunque la Policía Nacional está facultada para realizar patrullajes preventivos, estos no justifican automáticamente la inspección de vehículos sin la existencia de una sospecha razonable.
Señaló que una acción de ese tipo equivale, en términos legales, a una intervención en propiedad privada, por lo que debe regirse por normas específicas y contar con la coordinación del Ministerio Público.
El jurista indicó que, de acuerdo con informaciones ofrecidas por el vocero policial, en el vehículo donde se desplazaba la artista viajaban otras dos personas. No obstante, cuestionó que la responsabilidad por las armas ocupadas haya recaído únicamente sobre la cantante, sin que se hayan presentado evidencias concluyentes que la vinculen directamente.
“Para atribuir responsabilidad penal, debieron realizarse pruebas como el levantamiento de huellas en las armas ocupadas”, sostuvo Mercedes, tras considerar que la investigación presenta fallas que podrían afectar el curso del proceso judicial.
Asimismo, criticó que no se hayan revelado las identidades de los acompañantes ni se haya procedido judicialmente contra ellos, pese a versiones que indican que estas personas se habrían atribuido la posesión de las armas.
El abogado también puso en duda la legalidad del procedimiento inicial, al señalar que no está claro si el Ministerio Público fue notificado previo a la requisa del vehículo, lo que, a su juicio, podría convertirse en un elemento determinante en un eventual juicio de fondo.
En cuanto a la medida de coerción impuesta —consistente en garantía económica y presentación periódica— explicó que estas no implican culpabilidad, sino que permiten al órgano investigador continuar con las indagatorias. Sin embargo, consideró que la ausencia de medidas más restrictivas podría reflejar inconsistencias en la acusación.
Mercedes advirtió que, de no fortalecerse la investigación con pruebas técnicas y el cumplimiento del debido proceso, el caso podría debilitarse significativamente, con la posibilidad de que no se establezcan responsabilidades penales.
Recordó que, de comprobarse la posesión ilegal de armas de fuego, la legislación dominicana contempla sanciones de entre tres y cinco años de prisión, además de multas, las cuales pueden agravarse si se determina que las armas fueron modificadas. Entretanto, la artista se presume inocente conforme a los principios constitucionales.
insistió en que, hasta el momento, la artista se presume inocente conforme al principio constitucional.
Redacción: Madelin Taveras
