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Robert Frías: “La evaluación docente es un mandato de la ley, no una opción”

San Francisco de Macorís, — El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Nordeste, Robert Frías, afirmó que la evaluación al desempeño docente que impulsa el Ministerio de Educación responde a un mandato establecido en la Ley General de Educación 66-97, la cual dispone su aplicación cada tres años como mecanismo para fortalecer la calidad educativa.

Durante una entrevista en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, el dirigente gremial explicó que este proceso busca identificar las fortalezas y debilidades del personal docente, con el objetivo de transformar las áreas de mejora mediante programas de formación continua.

Frías precisó que la evaluación está dirigida a los maestros en aula con más de un año en servicio, en cumplimiento del Estatuto del Docente, que establece un período probatorio durante el primer año. Asimismo, aclaró que el acceso al proceso se realiza a través de un correo institucional asignado a cada educador, y no mediante códigos de ingreso.

En cuanto a los incentivos, indicó que estos no son uniformes, sino que dependen del resultado obtenido por cada docente. Detalló que quienes alcancen la categoría de “excelente”, con más de 92 puntos, pueden recibir hasta un 32 % adicional sobre su salario base, mientras que otras escalas como “muy bueno”, “bueno” y “mejorable” reciben porcentajes menores. Los docentes que obtengan menos de 62 puntos no califican para incentivos y deberán cumplir de manera obligatoria un programa de capacitación durante un año.

El representante de la ADP señaló que el proceso está regulado por la Orden Departamental 18-2025, y recordó que la última evaluación de desempeño docente se realizó en 2017. En ese sentido, explicó que la actual evaluación fue acordada en 2021 entre el gremio y las autoridades educativas de entonces, en cumplimiento de la normativa vigente.

No obstante, Frías cuestionó las condiciones tecnológicas bajo las cuales se desarrolla la evaluación, al señalar deficiencias en los dispositivos, la conectividad y los servidores utilizados por el Ministerio de Educación, lo que —a su juicio— ha dificultado el avance del proceso.

Asimismo, rechazó lo que calificó como una campaña mediática en contra del magisterio, y defendió que los incentivos deben ser otorgados en función del desempeño, tal como lo establece la normativa.

Finalmente, sostuvo que la ADP mantiene su disposición al diálogo con las autoridades, al tiempo que reiteró la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que la evaluación docente se ejecute de manera transparente y efectiva.

Redacción: Madelin Taveras

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