Dentro de las políticas públicas hay una que, más que un compromiso, es el deber innegociable de los gobiernos de turno, de proteger y estimular la educación como vehículo de un progreso integral y de crecimiento de principios fundamentales en la administración transparente del erario público.
La inversión en bancas de juegos, muchas de ellas bajo el manto de la ilegalidad, enferman a jóvenes, adultos y envejecientes, en una actividad donde el crimen organizado opera estimulando la inseguridad ciudadana.
El lavado de activos, sustentado en el azar, es del dominio público y es lamentable que esos capitales nutren el aumento de personas atrapadas en él, que cifran sus esperanzas en el dinero fácil, apoyados en una máxima de su práctica “la casa pierde y se ríe”.
De ahí las hipotecas que desestabilizan la economía familiar, motivada por la inestabilidad que provoca el azar. Es penoso que falte capital para obras sociales como la rehabilitación de los minusválidos, de los narco dependientes, la supervisión de menores de edad en el béisbol, echados al zafacón para dedicar grandes capitales a la inversión del vicio.
Una voluntad férrea puede cambiar el porvenir de las futuras generaciones, en un cambio posible hacia una sociedad de prioridades en los buenos hábitos, base de una mejor calidad de vida. El momento es de reflexionar en la forma de reorientar a los jóvenes a lograr sus propósitos en base a los principios y la educación, como vía de competir y lograr las metas de progreso.
Eso sería un verdadero cambio.
