Santo Domingo.– Un grupo de médicos habría formado parte de un esquema organizado que utilizaba datos de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para solicitar autorizaciones y posteriormente facturar consultas y procedimientos que, según la acusación del Ministerio Público, nunca habrían sido realizados.
El mecanismo está descrito en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Cobra 2.0.
De acuerdo con el expediente, los involucrados habrían seleccionado estratégicamente a afiliados con poco historial de interacción con SeNaSa, lo que presuntamente dificultaba la detección de las operaciones.
Según la investigación, utilizando los datos de esos asegurados se iniciaban solicitudes de autorización a través del call center de SeNaSa. Una vez obtenidas, el proceso supuestamente continuaba mediante reclamaciones respaldadas por documentación que los fiscales consideran falsificada o irregular.
📋 AFILIADOS DICEN NO RECONOCER SERVICIOS
Uno de los elementos incorporados a la investigación son las entrevistas realizadas a afiliados cuyos nombres aparecían en reclamaciones presentadas ante SeNaSa.
En un caso atribuido al doctor Víctor Felipe Rodríguez García, al menos ocho afiliados contactados por los investigadores manifestaron no reconocer los servicios médicos que aparecían reclamados a sus nombres.
La investigación también menciona el caso de Martha Isabel Mejía Ramos, quien dijo no conocer a la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, pese a que en su historial figuraba una consulta especializada con ella.
Otro afiliado, Rafael Aníbal Rivas, tampoco habría reconocido consultas y otros servicios que aparecían posteriormente registrados a su nombre.
✍️ FIRMAS BAJO INVESTIGACIÓN
El expediente incorpora además peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) sobre firmas colocadas en formularios relacionados con reclamaciones.
En documentos atribuidos a la doctora Yocaira Antonia Méndez de Medina, varios informes periciales habrían determinado que firmas colocadas a nombre de afiliadas no se correspondían con sus características caligráficas.
Una de las personas mencionadas había sido paciente de la especialista durante su embarazo, pero habría negado haber recibido algunos de los procedimientos posteriormente reclamados a SeNaSa.
El Ministerio Público sostiene que la combinación de autorizaciones, reclamaciones por servicios presuntamente inexistentes, documentación cuestionada y movimientos financieros evidencia un patrón que habría sido repetido por diferentes profesionales y personas investigadas.
Entre los médicos mencionados en el expediente figuran Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez De Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luís Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros bajo investigación.
El Ministerio Público también vincula en la investigación a Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, entre otras personas.
⚖️ Los imputados conservan su presunción de inocencia. Las acusaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción deberán ser sustentadas y probadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial.
