Santo Domingo. — El presidente Luis Abinader promulgó el Decreto 672-26, el cual establece que las contrataciones públicas destinadas a programas sociales especiales serán dirigidas de forma exclusiva a micro, pequeñas y medianas empresas industriales de producción nacional, con el fin de dinamizar la economía e incentivar la creación de empleos.
La normativa abarca la compra de productos agroindustriales y manufactureros destinados a programas de alimentación, vestimenta, útiles escolares, alivio a la pobreza y protección social. El decreto especifica que los bienes deberán ser elaborados en territorio dominicano y adquiridos directamente sin intermediarios, a menos que el productor lo autorice expresamente por escrito.
Entre las entidades obligadas a aplicar este esquema figuran Supérate, el Inabie, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el SNS, Promese/CAL y el Ministerio de Educación, entre otras, siempre que las empresas locales cuenten con la capacidad de oferta y cumplan con los estándares de calidad.
Para participar, las industrias deberán poseer su registro de Proindustria y la certificación MIPYMES del MICM. Los procesos se efectuarán de forma competitiva conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
