Santo Domingo.– El dirigente político y exsenador Héctor Rodríguez Pimentel advirtió que los puntos de drogas se han convertido en algunos barrios del país en estructuras de reclutamiento de adolescentes y jóvenes vulnerables, mientras el Estado interviene, según consideró, cuando muchos de ellos ya han sido incorporados a actividades delictivas.
Rodríguez Pimentel sostuvo que estos establecimientos no funcionan únicamente como lugares de venta de drogas, sino que en determinados sectores pueden convertirse en estructuras de poder territorial que utilizan jóvenes como vigilantes, mensajeros y alertas ante la presencia policial.
Afirmó que el reclutamiento puede comenzar con dinero, favores o el préstamo de una motocicleta, hasta generar un sentimiento de pertenencia dentro de esas estructuras.
El exsenador también cuestionó la influencia que, según planteó, tienen las armas, las motocicletas, el dinero fácil y la violencia como símbolos de poder entre algunos jóvenes, especialmente mediante las redes sociales.
No obstante, aclaró que no se debe criminalizar la música urbana ni determinadas formas de vestir.
«Una capucha no convierte a nadie en delincuente y el dembow no fabrica homicidas», afirmó.
Asimismo, cuestionó que algunos comunicadores e influencers conviertan en celebridades digitales a personas vinculadas al bajo mundo y pidió investigar cualquier eventual red de protección que involucre a estructuras criminales y funcionarios o dirigentes que pudieran actuar de manera corrupta.
🏘️ «EL ESTADO NO PUEDE ABANDONAR LOS BARRIOS»
Rodríguez Pimentel consideró que el deterioro de clubes, canchas y organizaciones comunitarias, junto con la falta de capacitación y oportunidades laborales, ha dejado espacios que terminan siendo ocupados por la delincuencia.
«No podemos abandonar socialmente un barrio durante años y pretender recuperarlo después exclusivamente con patrullas y fusiles», expresó.
El dirigente propuso combinar la persecución del delito con políticas de prevención social que incluyan canchas iluminadas, clubes deportivos y culturales, formación técnica, educación cívica, empleo juvenil y programas de intervención temprana.
También planteó perseguir las estructuras económicas detrás del microtráfico, incluyendo el dinero, las armas, los suplidores, financistas y cualquier eventual red de protección.
📊 CUESTIONA CIFRAS DE «ACCIÓN LEGAL»
Rodríguez Pimentel reconoció la reducción de algunos indicadores de criminalidad, pero llamó la atención sobre la composición de los homicidios registrados durante septiembre.
Según el informe de la Fuerza de Tarea Conjunta, entre el 1 y el 25 de septiembre de 2026 se contabilizaron 99 homicidios: 45 clasificados como «Acción Legal», 35 como «Conflicto Social», 11 vinculados a delincuencia y ocho en proceso de investigación. La tasa acumulada de homicidios hasta el 25 de septiembre se situó en 7.36 por cada 100 mil habitantes.
El exsenador consideró particularmente relevante que 45 de esos 99 homicidios correspondieran a la categoría oficial de «Acción Legal».
Aclaró que esa clasificación no significa por sí misma que se trate de ejecuciones extrajudiciales, pero sostuvo que cada caso debe ser documentado e investigado de manera transparente.
También destacó los 35 homicidios clasificados como «Conflicto Social» y señaló que el informe registra 147 personas heridas durante ese período, con las riñas como uno de los principales motivos identificados.
🔎 «HAY QUE DISPUTARLE LOS JÓVENES AL PUNTO»
Rodríguez Pimentel concluyó que la seguridad ciudadana no debe medirse exclusivamente por la cantidad de homicidios, robos o apresamientos, sino también por la capacidad del Estado para evitar que los menores y jóvenes sean captados por estructuras criminales.
«Tenemos que medir también cuántos niños conseguimos rescatar antes de que el punto los convierta en soldados», manifestó.
