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San Francisco de Macorís — La abogada Manuela Ramírez, representante legal del excapitán piloto Affe Gutiérrez, denunció que el proceso penal y administrativo seguido contra su cliente estuvo marcado por “abusos inimaginables” y decisiones estatales que, según afirmó, comprometen la responsabilidad del Estado dominicano.
Durante una entrevista exclusiva en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el comunicador Roberto Neris, Ramírez explicó que Gutiérrez fue desvinculado de la Policía Nacional de manera “arbitraria” mientras se encontraba en una licencia de estudios en una formación internacional, aunque posteriormente la jurisdicción contenciosa administrativa reconoció que esa decisión violó el debido proceso.
“La prisión injusta duró nueve años en la justicia penal y casi cinco en la administrativa. No culpo a un solo individuo; culpo al sistema. Culpo a los fiscales que actuaron, culpo a quienes validaron falsedades y culpo al Estado por permitir que esto ocurriera”, expresó la abogada.
Una indemnización sin precedentes
El caso adquirió relevancia nacional tras la sentencia que ordena una indemnización de RD$10.9 millones, la más alta otorgada en el país por prisión preventiva injusta. Aunque la demanda inicial ascendía a RD$100 millones, el tribunal aplicó los parámetros del Código Procesal Penal, que utiliza como base el salario de un juez de primera instancia.
“Un día de privación de libertad no tiene precio, mucho menos más de dos años. Aun así, este fallo representa un avance importante en responsabilidad patrimonial del Estado”, indicó Ramírez.
La sentencia reconoció daños físicos permanentes sufridos por Gutiérrez debido a las condiciones de hacinamiento en prisión, así como secuelas psicológicas y morales que afectaron a sus familiares.
Denuncias sobre irregularidades
Ramírez detalló que la acusación contra Gutiérrez estuvo sustentada en declaraciones inconsistentes y pruebas que no coincidían con los hechos imputados. Señaló que la necropsia no reflejaba los alegados traumas contundentes, pese a que estos eran parte central de la acusación.
“Presentaron un testigo cuya versión no coincidía con la evidencia forense. Aun así, fue aceptado. Se cometieron abusos que solo pueden explicarse por fallas estructurales del sistema”, sostuvo.
Recordó que existe una querella por falso testimonio contra uno de los testigos, presentada desde las primeras etapas del proceso.
Señalamientos externos y llamado a la Procuraduría
Durante la entrevista, la abogada explicó que, según sus representados, detrás de la acusación habría influencias externas, señalando al empresario Juan Ramón Gómez Díaz. Dijo que esa versión aparece documentada en expedientes y publicaciones periodísticas desde el inicio del caso.
Ramírez exhortó a la Procuraduría General de la República a formalizar el acuerdo de pago y a ejercer acciones en repetición contra los actores responsables de las irregularidades. “El Estado que persigue también debe ser el Estado que corrige. Esperamos que esta sentencia sirva como ejemplo”, afirmó.
Redacción: Madelin Taveras
