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San Francisco de Macorís, El jurista Luis Miguel Mercedes analizó este viernes 05 de diciembre en El Toque del Mediodía los avances y cuestionamientos en torno a la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años de Santiago, fallecida durante una excursión escolar del colegio Da Vinci a la Hacienda Los Caballos.
El caso ha provocado consternación pública debido a las irregularidades que, según el abogado, rodearon el manejo inicial de la investigación y la reacción de los responsables del centro educativo.
Mercedes explicó que la familia de la menor se trasladó a Santo Domingo ante la “inercia” en las pesquisas, reuniéndose con la titular de la Procuraduría General, Yenny Berenice Reynoso, quien ordenó atención especial debido a indicios de que la escena pudo haber sido manipulada. “Ayer ya se entregaron parcialmente videos de los hechos que antes no existían; todo aparenta que hubo manipulación”, señaló.
Entre los videos entregados, mencionó el testimonio indirecto de un estudiante que indicaría preocupación por ser expulsado, así como imágenes de una profesora cargando a la niña ya sin vida. Según Mercedes, la docente no llamó al 911 y optó por contactar a superiores del colegio, acción que considera una omisión grave que pudo incidir en el desenlace.
También citó denuncias previas de la familia sobre presunto bullying por razones de color de piel. “La niña era meritoria, académicamente brillante, aparece en el mural de honor del centro; aun así enfrentaba situaciones que el colegio no atendió”, dijo.
El jurista señaló que la excursión reunió a 87 estudiantes acompañados solo por tres adultos, y que la Hacienda Los Caballos contaba con áreas de piscina sin aparente esquema de seguridad. Indicó que tanto el colegio como la hacienda podrían enfrentar responsabilidades civiles, salvo que exista un contrato que descargue obligaciones sobre el centro educativo.
Mercedes recordó que una circular del Ministerio de Educación de 2009 prohíbe excursiones escolares. No obstante, cuestionó si la institución ha dado seguimiento a esa normativa: “No basta decir que existe una circular; hay que ver si el ministerio notificó y supervisó a los centros. Esa pasividad también puede comprometer responsabilidades”.
Al referirse a posibles responsabilidades penales, explicó que la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes impone sanciones menores en comparación con el régimen penal ordinario. “La pena máxima es de ocho años, incluso en situaciones que equivaldrían a un homicidio”, expresó.
Mercedes advirtió que el bullying no puede ser tratado como un tema aislado y que los centros educativos suelen ser “pasivos” ante estas conductas. Recordó un caso local en el que, ante denuncias, un colegio recomendó retirar a la víctima en lugar de sancionar a los agresores.
“El Código Penal ahora sanciona hasta con cinco años a las instituciones que no actúen ante el bullying”, precisó. En el caso de Stephora, dijo que existen indicios de que la menor vivía episodios persistentes de acoso, situación que, aseguró, ni el colegio ni los padres de los agresores enfrentaron de manera adecuada.
Redacción: Madelin Taveras
