San Francisco de Macorís.– El jurista Luis Miguel Mercedes afirmó que el denominado caso Senasa constituye un golpe directo al sistema de salud público y a la sociedad dominicana, al tratarse según dijo de un entramado que no solo implicó un presunto desfalco millonario, sino que afectó de manera directa a los sectores más vulnerables del país.
Durante una entrevista en el programa El Toque del Mediodía, conducido por el equipo de comunicadores encabezado por Paola Estrella, Mercedes sostuvo que el proceso debe analizarse más allá de lo económico, al advertir que “aquí se trató de matar a la sociedad dominicana”, al comprometer la atención médica de envejecientes, niños, enfermos crónicos y personas con condiciones especiales afiliadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Recordó que desde hace meses la oposición política venía denunciando deficiencias e irregularidades en los servicios de Senasa, denuncias que fueron negadas inicialmente por el Poder Ejecutivo, hasta que investigaciones periodísticas, encabezadas por Nuria Piera, motivaron la apertura formal de una pesquisa por parte del Departamento Especializado de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El jurista explicó que tras varios meses de investigación, el Ministerio Público ejecutó arrestos y allanamientos que derivaron en 10 imputados, lo que generó un amplio debate nacional por el trato diferenciado aplicado durante las detenciones y la imposición de medidas de coerción.
Indicó que mientras algunos imputados fueron arrestados mediante allanamientos, otros se presentaron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República y recibieron un tratamiento distinto, situación que a su juicio, ha sembrado dudas en la población sobre la igualdad ante la ley.
Mercedes señaló que el tribunal que conoció la medida de coerción calificó el expediente como un hecho de extrema gravedad, al estimar que el presunto fraude superaría los 15 mil millones de pesos, mediante la utilización de procedimientos médicos innecesarios con el objetivo de facturarlos al seguro estatal.
En relación con la imposición de prisión preventiva a siete imputados y medidas menos gravosas a otros tres, el jurista explicó que se trata de la figura legal de la delación premiada, mecanismo que permite al Ministerio Público fortalecer su acusación utilizando a coimputados con mayor nivel de información.
Aclaró que esta práctica es legal y se utiliza en otros sistemas judiciales, aunque reconoció que la falta de transparencia en su explicación ha generado malestar social. “Si no hubiese existido algún tipo de acuerdo, los diez imputados hoy estarían bajo prisión preventiva”, afirmó.
Finalmente, Mercedes recordó que el Código Procesal Penal dominicano fue diseñado para evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como pena anticipada, aunque admitió que, en casos de alto impacto social como este, la población exige sanciones visibles e iguales para todos los involucrados.
Redacción: Madelin Taveras
