Desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia de la República en agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha sido escenario de una inestabilidad preocupante. En cinco años de gestión, las renuncias, destituciones y salidas forzadas han sido más frecuentes que las explicaciones claras al país.
El primer caso emblemático fue el del doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública entre 2020 y 2021. Su salida no fue voluntaria. Fue destituido en medio del escándalo por una licitación de jeringuillas presuntamente sobrevaluada, un episodio que golpeó la credibilidad del gobierno en plena pandemia y dejó al descubierto fallas graves en los controles internos del ministerio.
Tras su salida, el poder pasó a manos del doctor Daniel Rivera, quien asumió con el discurso de orden, transparencia y continuidad. Sin embargo, bajo su gestión también se produjeron renuncias sensibles, como la de la doctora Ivelisse Acosta, viceministra de Salud Colectiva, quien abandonó el cargo en 2021 alegando razones personales. Su renuncia, como muchas otras, ocurrió sin que el país recibiera explicaciones convincentes, alimentando la percepción de un ministerio fracturado internamente.
A estos casos se suman otras salidas menos visibles, pero igualmente relevantes, de viceministros, directores técnicos y funcionarios medios, que optaron por marcharse en silencio en medio del desgaste institucional, la presión política y la improvisación administrativa.
En paralelo, figuras claves del sistema sanitario como el doctor Mario Lama, desde el Servicio Nacional de Salud (SNS), sostuvieron el peso operativo del colapsado sistema hospitalario. Su posterior renuncia confirmó una realidad incómoda: la salud pública no solo enferma a los pacientes, también quema a quienes la dirigen.
Cinco años después, el patrón es claro y alarmante:
– Funcionarios que entran y salen sin explicaciones
– Renuncias en momentos críticos
– Falta de estabilidad en los cargos estratégicos
– Un ministerio que nunca logró consolidarse
La pandemia ya pasó. Las excusas también deberían haber pasado.
Cuando las renuncias se repiten, cuando los nombres cambian pero los problemas persisten, la conclusión es inevitable: el problema no es quién dirige Salud Pública, sino cómo se gobierna.
Y mientras eso no se corrija, la salud institucional del país seguirá en estado crítico.
