Estados Unidos.– La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda ante una corte federal de Florida contra Cash FX Group S.A. y su director ejecutivo, el francomacorisano Huáscar López Castillo, a quienes acusa de operar un esquema Ponzi bajo un modelo de marketing multinivel.
Según la demanda, Cash FX Group habría captado más de US$950 millones entre junio de 2019 y diciembre de 2023, mediante más de 400,000 cuentas a nivel mundial, bajo la promesa de obtener elevados rendimientos a través de operaciones de divisas (forex).
Las autoridades estadounidenses alegan que la compañía llegó a prometer rendimientos de hasta 15 % semanal, mientras que menos del 1 % de los fondos destinados a operaciones habrían sido utilizados realmente en transacciones de forex.
La CFTC sostiene además que hasta el 81 % de los participantes habría perdido dinero, por un monto estimado de aproximadamente US$406 millones.
La demanda también señala que más de US$121 millones fueron transferidos a billeteras que López Castillo poseía o controlaba, de los cuales unos US$96 millones habrían sido retenidos para su uso personal, según las alegaciones de la comisión.
🇩🇴 ALERTAS EN REPÚBLICA DOMINICANA
El caso también tiene antecedentes regulatorios en República Dominicana. En 2021, autoridades dominicanas habían advertido sobre las alertas internacionales relacionadas con Cash FX Group, mientras que posteriormente la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) informó que la empresa no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades propias del mercado de valores dominicano.
En Panamá, donde Cash FX Group fue constituida, el regulador de valores también había advertido previamente que la compañía carecía de licencia y registro para operar actividades relacionadas con el mercado de valores, incluyendo intermediación en forex.
La CFTC solicita al tribunal, entre otras medidas, la restitución de fondos a las personas afectadas, sanciones monetarias y civiles, prohibiciones permanentes contra determinadas conductas y una rendición de cuentas sobre los activos, pasivos, ingresos y desembolsos de los demandados.
Las acusaciones forman parte de una demanda y deberán ser determinadas en el proceso judicial correspondiente.
